En la pasada sesión ordinaria del 10 de abril de la legislatura municipal de San Juan, el legislador de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) Alberto Gutiérrez Cruz, miembro de la comunidad LGBTQ+ exhortó a la gobernadora Jennifer Gónzalez a vetar Proyecto del Senado I conocido como Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico.
En sus emotivas expresiones Gutiérrez Cruz condena este proyecto radicado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y respaldado por las senadoras Joanne Rodríguez Veve y Brenda Pérez Soto como coautoras.
Ahogado en llanto, el legislador de la mayoría en la legislatura municipal de San Juan afirmó que la medida ”me discrimina, me afecta, me incomoda”. Además sostuvo que “es un abuso de mi partido (PNP) contra mi defensa, contra mi persona”.
El Proyecto del Senado 1 sobre “libertad religiosa” en Puerto Rico ha generado un intenso debate, especialmente por su impacto en la comunidad LGBTQ+. La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico ha advertido que la medida podría permitir que individuos y entidades rechacen brindar servicios a personas LGBTQ+ bajo el pretexto de su “libertad religiosa”.
Por su parte, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ha señalado que el proyecto amenaza con restringir derechos fundamentales de la comunidad LGBTQ+, lo que podría generar exclusión en áreas como el empleo, la educación y el acceso a servicios públicos.
Según los expertos, la legislación podría contravenir decisiones judiciales clave, como el fallo de Obergefell v. Hodges, que garantiza el matrimonio igualitario en EE.UU. Esto podría exponer a empleados públicos a demandas legales si se niegan a cumplir con derechos ya establecidos.
Organizaciones LGBTQ+ han denunciado también que se les negó la oportunidad de participar en vistas públicas sobre el proyecto, lo que limita la representación de voces críticas en el proceso legislativo.
La delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la legislatura municipal de San Juan apoya la posición de Gutiérrez Cruz en contra de la medida por entender que atenta contra los derechos adquiridos por la comunidad LGBTQ+. Entendemos que el impacto de este tipo de legislación no es solo legal, sino también social. Se ha documentado que medidas similares en otros lugares han incrementado los crímenes de odio y la marginación de personas LGBTQ+, creando un ambiente de mayor vulnerabilidad y exclusión y refuerzan estigmas que ponen en riesgo su seguridad y bienestar.